RECURSO URBANO NO RENOVABLE
EL MOVIMIENTO VECINAL
EN EL AMBA - ÁREA METROPOLITANA BUENOS AIRES
EL MOVIMIENTO VECINAL
EN EL AMBA - ÁREA METROPOLITANA BUENOS AIRES
La Constitución Nacional es clara en cuanto a otorgar facultades sólo al Congreso de la Nación para "Disponer del uso y de la enajenación de las tierras de propiedad nacional" (art. 67 - inc. 4º de la Constitución Nacional de 1853 y art. 75 - inc. 5 de la de 1994). No obstante, diferentes administraciones nacionales y de la Ciudad han optado por hacerlo a través de Decretos o simples Convenios firmados por Intendentes o Jefes de Gobierno.
Otra vía no constitucional ha sido la de crear organismos como la Comisión de Ventas de Inmuebles Estatales, el ENABIEF y su sucesor el Organismo Nacional de Administración de Bienes-ONABE o sociedades anónimas como la Corporación Antiguo Puerto Madero, a quienes se les transfieren las tierras y la facultad de enajenarlas.
Como ejemplo de este despojo, podemos comenzar con la venta fraudulenta de tierras del dominio público del Estado Nacional pertenecientes al Parque 3 de Febrero [los bosques de Palermo], hecha en 1978 por el ex Intendente de facto Cacciatore, a los clubes ocupantes. Estos, no sólo no pagaron el precio vil fijado por el Decreto del funcionario que carecía de facultades para hacerlo, sino que las sucesivas administraciones de la Ciudad (Suárez Lastra, Grosso, Ibarra) les mejoraron las facilidades de pago y les otorgaron la escritura traslativa de dominio, contribuyendo así a consolidar el fraude.
En 1989, el Poder Ejecutivo Nacional creó por Decreto Nº 1.279 la Corporación Antiguo Puerto Madero SA y le transfirió "en propiedad" la fracción de tierra ubicada entre la Av. Córdoba y la calle Brasil, tomando como límite oeste las Avdas. E. Madero e Ing. Huergo. Uno de los fines de la Corporación, formada por el Estado Nacional y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (actual GCBA), es "la venta y/o locación de las tierras pertenecientes al área en cuestión". Violando la Constitución Nacional, se efectuó por Decreto una transferencia de dominio de tierras del Estado Nacional a una Sociedad Anónima y se otorgó a ésta las facultades del Congreso de la Nación.
El presidente Menem, concretaba así una iniciativa generada en tiempos del presidente Alfonsín cuando en 1985 se firmó un Acuerdo de Cooperación entre la MCBA y el Ayuntamiento de Barcelona para la elaboración del Plan Estratégico para el Antiguo Puerto Madero (1985-1990).
En 1991, nuevamente el presidente Menem, ahora con su ministro Cavallo, vendieron fraudulentamente por Decreto PEN Nº 2.699 y a un precio treinta (30) veces menor a la tasación oficial, el Predio Ferial del Parque 3 de Febrero a la Sociedad Rural Argentina.
Otro Decreto del mismo origen, el Nº 602/92, determinó que "todos los inmuebles de propiedad del Estado Nacional" que se encuentren ubicados en el área circunscripta por la calle Salguero, Río de la Plata, continuación de la Av. Córdoba y Av. Eduardo Madero, Ramos Mejía, Del Libertador y Pte. Figueroa Alcorta "pasarán a estar bajo la jurisdicción de la Comisión de Ventas de Inmuebles Estatales". La Comisión quedó autorizada a "vender, concesionar, permutar,arrendar total o parcialmente". Nuevamente, el presidente y sus ministros cedían facultades del Congreso de la Nación, ahora sobre uno de los más importantes sectores de tierras públicas nacionales comprendido en la zona Retiro-Puerto de la Ciudad.
Dos años después, el Decreto Nº 1737/94 del PEN instruyó a Ferrocarriles Argentinos "... para que proceda a la relocalización de las instalaciones y tendidos ferroviarios de la denominada Terminal Retiro,... con los siguientes objetivos: destinar el sesenta y cinco por ciento (65%) del área desafectada a tierra libre de uso público ... destinar al área privada el treinta y cinco por ciento (35%) como máximo ...". Es decir, venta por decreto del 35% de la superficie involucrada y la mitad del 65% de "tierra libre de uso público" destinada a calles y veredas de cualquier proyecto; por lo tanto, sólo quedaría un tercio de la superficie total con la posibilidad de ser dedicado a espacios verdes.
De estas violaciones a la Constitución Nacional no sólo fueron responsables los funcionarios de turno, sino también los que dejaron hacer para después poder continuar con los negocios provenientes de las irregulares ventas. Tal es así, que la concreción del mandato menemista sobre el 65% y 35% (Decr. PEN Nº 1737/94), tuvo lugar con la aprobación de la reforma al Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Buenos Aires en agosto de 2000, después de dos multitudinarias Audiencias Públicas en las que el proyecto fue rechazado por la abrumadora mayoría de los vecinos presentes.
Estos hechos ponen de manifiesto que un aspecto importante de los acuerdos entre la ex MCBA con el Gobierno Nacional, prosiguen luego con el Gobierno de la Ciudad “Autónoma” de Buenos Aires, independientemente de los colores partidarios, y se basan en compartir el negocio derivado de las ventas fraudulentas y de la normativa impuesta sobre las últimas tierras públicas de la Ciudad. Menem y Duhalde dictaron los Decretos (creación de la Corporación Antiguo Puerto Madero SA, liberación de playas ferroviarias, transferencia de tierras a la CAPMSA, etc.).
Domínguez como Intendente designado y De la Rúa e Ibarra como Jefes de Gobierno de la Ciudad electos, instrumentaron esas “operaciones urbanas” a partir de “concursos públicos” de arquitectura (como por ej. el Concurso Retiro) y de la modificación de usos sobre esas tierras en la reforma al Código de Planeamiento Urbano aprobada en la Legislatura de la Ciudad. Más tarde, intentaron continuarlas a través del Consejo del Plan Urbano Ambiental-CoPUA, pero fracasaron al querer imponer una ley que favorecía a estas “operaciones” pero era violatoria de la Constitución y de la ley Nº 71 de la Ciudad. Las ONGs integrantes de la Comisión Asesora Permanente Honoraria-ComAPH del CoPUA trabajamos para incorporar nuestras propuestas para la ciudad, pero al hacernos imposible su tratamiento durante cuatro años (1998/2002), denunciamos la maniobra y finalmente fuimos las responsables de que dicha ley no se aprobara.
Los socios en dichas “operaciones urbanas” pertenecen a entidades corporativas y a diferentes partidos políticos que, como agentes de los brokers inmobiliarios, de las grandes empresas constructoras y de los más importantes estudios de arquitectura de Buenos Aires, pusieron a su disposición a todos los profesionales de la arquitectura y el planeamiento que pudieron pagar. Tal es así, que entidades como el Centro Argentino de Ingenieros-CAI, la Sociedad Central de Arquitectos-SCA, el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo-CPAU y aún organismos académicos como la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo-FADU y la Facultad de Ingeniería de la UBA tuvieron y tienen a sus cuadros dirigentes dedicados a esta tarea.
El actual Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad ha confirmado su pertenencia a esta política de liquidación de tierras públicas con varios actos que así lo demuestran: la firma de la escritura traslativa de dominio de tierras del Parque 3 de Febrero al Automóvil Club Argentino violando la Ley Nacional Nº 24.257 que prohíbe dichos actos (set/2000); la entrega a la Embajada de la República Popular China de un predio perteneciente a la ex Chacra Saavedra violando la OM Nº 46.229 y el dominio nacional sobre esas tierras (nov/2001) y últimamente celebrando un Convenio con el Presidente Duhalde para entregar a la Corporación Antiguo Puerto Madero SA el área Retiro y la Isla Demarchi (nov/2002), dando lugar al Decreto PEN Nº 2384/02.
Dentro de este marco se ubica la pretendida venta de las tierras desafectadas del uso ferroviario, la actual ocupación ilegal del histórico viaducto ferroviario que atraviesa el Parque 3 de Febrero, la licitación llamada por el ONABE para ampliarla aún más (dic/2002) y la confección de leyes "a medida" para el predio de la ex Cárcel de Caseros (dic/2002) y para la ex playa ferroviaria de Villa Pueyrredón (nov/2002).
Teniendo en cuenta que por simple supervivencia debemos llegar como mínimo a una cifra cercana a los 10 m2 de espacio verde por habitante y que de convertirse en espacio verde público la totalidad de la superficie existente en tierras del dominio del Estado Nacional dentro de la Ciudad (unas 350 hectáreas) el aumento en la proporción superficie de espacio verde / habitante sería inferior a 1,5 m2 por habitante, como vecinos, como profesionales, como ciudadanos o como nos guste considerarnos, debemos impedir que prospere “la santa alianza” entre especuladores, funcionarios, políticos varios y algunas asociaciones de mezquinos profesionales.
Podemos apreciar así, la magnitud de la última gran operación inmobiliario-constructora o de la última oportunidad de tener una ciudad un poco mejor. Este es el momento de revertir la tendencia.
Otra vía no constitucional ha sido la de crear organismos como la Comisión de Ventas de Inmuebles Estatales, el ENABIEF y su sucesor el Organismo Nacional de Administración de Bienes-ONABE o sociedades anónimas como la Corporación Antiguo Puerto Madero, a quienes se les transfieren las tierras y la facultad de enajenarlas.
Como ejemplo de este despojo, podemos comenzar con la venta fraudulenta de tierras del dominio público del Estado Nacional pertenecientes al Parque 3 de Febrero [los bosques de Palermo], hecha en 1978 por el ex Intendente de facto Cacciatore, a los clubes ocupantes. Estos, no sólo no pagaron el precio vil fijado por el Decreto del funcionario que carecía de facultades para hacerlo, sino que las sucesivas administraciones de la Ciudad (Suárez Lastra, Grosso, Ibarra) les mejoraron las facilidades de pago y les otorgaron la escritura traslativa de dominio, contribuyendo así a consolidar el fraude.
En 1989, el Poder Ejecutivo Nacional creó por Decreto Nº 1.279 la Corporación Antiguo Puerto Madero SA y le transfirió "en propiedad" la fracción de tierra ubicada entre la Av. Córdoba y la calle Brasil, tomando como límite oeste las Avdas. E. Madero e Ing. Huergo. Uno de los fines de la Corporación, formada por el Estado Nacional y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (actual GCBA), es "la venta y/o locación de las tierras pertenecientes al área en cuestión". Violando la Constitución Nacional, se efectuó por Decreto una transferencia de dominio de tierras del Estado Nacional a una Sociedad Anónima y se otorgó a ésta las facultades del Congreso de la Nación.
El presidente Menem, concretaba así una iniciativa generada en tiempos del presidente Alfonsín cuando en 1985 se firmó un Acuerdo de Cooperación entre la MCBA y el Ayuntamiento de Barcelona para la elaboración del Plan Estratégico para el Antiguo Puerto Madero (1985-1990).
En 1991, nuevamente el presidente Menem, ahora con su ministro Cavallo, vendieron fraudulentamente por Decreto PEN Nº 2.699 y a un precio treinta (30) veces menor a la tasación oficial, el Predio Ferial del Parque 3 de Febrero a la Sociedad Rural Argentina.
Otro Decreto del mismo origen, el Nº 602/92, determinó que "todos los inmuebles de propiedad del Estado Nacional" que se encuentren ubicados en el área circunscripta por la calle Salguero, Río de la Plata, continuación de la Av. Córdoba y Av. Eduardo Madero, Ramos Mejía, Del Libertador y Pte. Figueroa Alcorta "pasarán a estar bajo la jurisdicción de la Comisión de Ventas de Inmuebles Estatales". La Comisión quedó autorizada a "vender, concesionar, permutar,arrendar total o parcialmente". Nuevamente, el presidente y sus ministros cedían facultades del Congreso de la Nación, ahora sobre uno de los más importantes sectores de tierras públicas nacionales comprendido en la zona Retiro-Puerto de la Ciudad.
Dos años después, el Decreto Nº 1737/94 del PEN instruyó a Ferrocarriles Argentinos "... para que proceda a la relocalización de las instalaciones y tendidos ferroviarios de la denominada Terminal Retiro,... con los siguientes objetivos: destinar el sesenta y cinco por ciento (65%) del área desafectada a tierra libre de uso público ... destinar al área privada el treinta y cinco por ciento (35%) como máximo ...". Es decir, venta por decreto del 35% de la superficie involucrada y la mitad del 65% de "tierra libre de uso público" destinada a calles y veredas de cualquier proyecto; por lo tanto, sólo quedaría un tercio de la superficie total con la posibilidad de ser dedicado a espacios verdes.
De estas violaciones a la Constitución Nacional no sólo fueron responsables los funcionarios de turno, sino también los que dejaron hacer para después poder continuar con los negocios provenientes de las irregulares ventas. Tal es así, que la concreción del mandato menemista sobre el 65% y 35% (Decr. PEN Nº 1737/94), tuvo lugar con la aprobación de la reforma al Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Buenos Aires en agosto de 2000, después de dos multitudinarias Audiencias Públicas en las que el proyecto fue rechazado por la abrumadora mayoría de los vecinos presentes.
Estos hechos ponen de manifiesto que un aspecto importante de los acuerdos entre la ex MCBA con el Gobierno Nacional, prosiguen luego con el Gobierno de la Ciudad “Autónoma” de Buenos Aires, independientemente de los colores partidarios, y se basan en compartir el negocio derivado de las ventas fraudulentas y de la normativa impuesta sobre las últimas tierras públicas de la Ciudad. Menem y Duhalde dictaron los Decretos (creación de la Corporación Antiguo Puerto Madero SA, liberación de playas ferroviarias, transferencia de tierras a la CAPMSA, etc.).
Domínguez como Intendente designado y De la Rúa e Ibarra como Jefes de Gobierno de la Ciudad electos, instrumentaron esas “operaciones urbanas” a partir de “concursos públicos” de arquitectura (como por ej. el Concurso Retiro) y de la modificación de usos sobre esas tierras en la reforma al Código de Planeamiento Urbano aprobada en la Legislatura de la Ciudad. Más tarde, intentaron continuarlas a través del Consejo del Plan Urbano Ambiental-CoPUA, pero fracasaron al querer imponer una ley que favorecía a estas “operaciones” pero era violatoria de la Constitución y de la ley Nº 71 de la Ciudad. Las ONGs integrantes de la Comisión Asesora Permanente Honoraria-ComAPH del CoPUA trabajamos para incorporar nuestras propuestas para la ciudad, pero al hacernos imposible su tratamiento durante cuatro años (1998/2002), denunciamos la maniobra y finalmente fuimos las responsables de que dicha ley no se aprobara.
Los socios en dichas “operaciones urbanas” pertenecen a entidades corporativas y a diferentes partidos políticos que, como agentes de los brokers inmobiliarios, de las grandes empresas constructoras y de los más importantes estudios de arquitectura de Buenos Aires, pusieron a su disposición a todos los profesionales de la arquitectura y el planeamiento que pudieron pagar. Tal es así, que entidades como el Centro Argentino de Ingenieros-CAI, la Sociedad Central de Arquitectos-SCA, el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo-CPAU y aún organismos académicos como la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo-FADU y la Facultad de Ingeniería de la UBA tuvieron y tienen a sus cuadros dirigentes dedicados a esta tarea.
El actual Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad ha confirmado su pertenencia a esta política de liquidación de tierras públicas con varios actos que así lo demuestran: la firma de la escritura traslativa de dominio de tierras del Parque 3 de Febrero al Automóvil Club Argentino violando la Ley Nacional Nº 24.257 que prohíbe dichos actos (set/2000); la entrega a la Embajada de la República Popular China de un predio perteneciente a la ex Chacra Saavedra violando la OM Nº 46.229 y el dominio nacional sobre esas tierras (nov/2001) y últimamente celebrando un Convenio con el Presidente Duhalde para entregar a la Corporación Antiguo Puerto Madero SA el área Retiro y la Isla Demarchi (nov/2002), dando lugar al Decreto PEN Nº 2384/02.
Dentro de este marco se ubica la pretendida venta de las tierras desafectadas del uso ferroviario, la actual ocupación ilegal del histórico viaducto ferroviario que atraviesa el Parque 3 de Febrero, la licitación llamada por el ONABE para ampliarla aún más (dic/2002) y la confección de leyes "a medida" para el predio de la ex Cárcel de Caseros (dic/2002) y para la ex playa ferroviaria de Villa Pueyrredón (nov/2002).
Teniendo en cuenta que por simple supervivencia debemos llegar como mínimo a una cifra cercana a los 10 m2 de espacio verde por habitante y que de convertirse en espacio verde público la totalidad de la superficie existente en tierras del dominio del Estado Nacional dentro de la Ciudad (unas 350 hectáreas) el aumento en la proporción superficie de espacio verde / habitante sería inferior a 1,5 m2 por habitante, como vecinos, como profesionales, como ciudadanos o como nos guste considerarnos, debemos impedir que prospere “la santa alianza” entre especuladores, funcionarios, políticos varios y algunas asociaciones de mezquinos profesionales.
Podemos apreciar así, la magnitud de la última gran operación inmobiliario-constructora o de la última oportunidad de tener una ciudad un poco mejor. Este es el momento de revertir la tendencia.
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