El despojo, que ha dejado su impronta en los salarios, la supresión de las leyes laborales, el deterioro de la salud pública, etc. se potencia y profundiza con la expropiación del espacio público, la expulsión pasiva de los pobres mediante la recalificación de áreas urbanas (“puesta en valor”) y la privatización del esparcimiento.
La resultante de tales acciones incide sobre lo que denominamos las “condiciones de vida” y se alinea en la dirección general del deterioro, siendo además ingredientes necesarios para configurar y completar el cuadro de miseria. Se vive en la escasez, recibiendo salarios miserables, hambreado o subalimentándose con chatarra, en un ambiente contaminado, ensopado en la injusticia. La apropiación de bienes sociales, en el caso del espacio público, constituye una faceta importante en la transferencia de ingresos hacia los sectores más concentrados del poder económico. Se privatizan los caminos, la salud, la educación, el transporte, ¿por qué no el espacio público y cualquier forma de esparcimiento al aire libre?
¿Si la tierra pública urbana por su valor económico y social constituye uno de los bienes más importantes del pueblo, por qué no incorporarla en el marco de las reivindicaciones sociales como el salario, la salud y la educación?
La actual coyuntura exige prestar singular atención a las políticas urbanas y ambientales que, si bien han pasado a formar parte del discurso de la mayoría de los referentes de nuestro espectro político, los hechos han demostrado que han sido utilizados solamente como una novedosa ornamentación a la moda, de la que rápidamente se desprenden a la hora de cumplir los mandatos con el poder real. Habiendo rematado a esta altura de la historia la mayoría de los bienes del Estado, la avidez insaciable del capital financiero se vuelca sobre las inversiones urbanas, específicamente sobre lo que se ha dado en llamar las tierras vacantes. Las condiciones no les son en este momento tan favorables, pero encuentran campo propicio para la gestión fraudulenta en la concentración de la atención pública sobre cuestiones económicas y sociales de importancia decisiva y gran repercusión política, y un Gobierno de la Ciudad que bajo una aureola de prescindencia, avanza crípticamente en el desarrollo de maniobras que facilitan este aspecto del despojo.
La resultante de tales acciones incide sobre lo que denominamos las “condiciones de vida” y se alinea en la dirección general del deterioro, siendo además ingredientes necesarios para configurar y completar el cuadro de miseria. Se vive en la escasez, recibiendo salarios miserables, hambreado o subalimentándose con chatarra, en un ambiente contaminado, ensopado en la injusticia. La apropiación de bienes sociales, en el caso del espacio público, constituye una faceta importante en la transferencia de ingresos hacia los sectores más concentrados del poder económico. Se privatizan los caminos, la salud, la educación, el transporte, ¿por qué no el espacio público y cualquier forma de esparcimiento al aire libre?
¿Si la tierra pública urbana por su valor económico y social constituye uno de los bienes más importantes del pueblo, por qué no incorporarla en el marco de las reivindicaciones sociales como el salario, la salud y la educación?
La actual coyuntura exige prestar singular atención a las políticas urbanas y ambientales que, si bien han pasado a formar parte del discurso de la mayoría de los referentes de nuestro espectro político, los hechos han demostrado que han sido utilizados solamente como una novedosa ornamentación a la moda, de la que rápidamente se desprenden a la hora de cumplir los mandatos con el poder real. Habiendo rematado a esta altura de la historia la mayoría de los bienes del Estado, la avidez insaciable del capital financiero se vuelca sobre las inversiones urbanas, específicamente sobre lo que se ha dado en llamar las tierras vacantes. Las condiciones no les son en este momento tan favorables, pero encuentran campo propicio para la gestión fraudulenta en la concentración de la atención pública sobre cuestiones económicas y sociales de importancia decisiva y gran repercusión política, y un Gobierno de la Ciudad que bajo una aureola de prescindencia, avanza crípticamente en el desarrollo de maniobras que facilitan este aspecto del despojo.
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