TRAMAS DE INTERVENCIONES: PROPUESTAS

VII. Tramas de intervenciones: propuestas

1. Organización permanente de capacitación para funcionarios
El proceso de planeamiento está íntimamente ligado a la acción de gobierno, es la herramienta técnica que aporta datos, análisis y evaluaciones, permanentemente, para minimizar errores en las decisiones; evitar la discrecionalidad y asegurar la transparencia en las gestiones.
Para que esos objetivos de gobierno se cumplan se requieren acuerdos básicos, tan de sentido común y tan obvios que han sido violentados, sin generar más consecuencias que el desgobierno complaciente. La falta de voluntad política[1] para cumplir con los fines impuestos por la Constitución y la sociedad, se traducen implacablemente en la ciudad colapsada.
La costumbre de ubicar en puestos de gobierno a personas por su filiación política afín al oficialismo del momento o a grupos que responden a internas circunstanciales, ha impuesto la reiteración de gestiones sin contenido, alejadas de las soluciones técnicas que los conflictos requieren.
Los ejemplos contemporáneos de ciudades como Barcelona, Lisboa, Curitiba y Bogotá, que han producido cambios positivos en sus calidades urbanas, muestran la importancia de contar con liderazgos personales importantes y solventes, con jefes del gobierno comprometidos. Buenos Aires no ha tenido esa oportunidad desde hace ya demasiado tiempo.
Una reconstrucción del sistema de gobierno requiere:
1. reconocimiento de los conflictos
2. intención desinteresada pero comprometida de remediarlos
3. capacidad para hacerlo.
En los sistemas gubernamentales eficaces, los funcionarios de carrera no solo son profesionales en las áreas de sus respectivas incumbencias, sino que deben tener capacitación en administración, asistir a cursos y concursar sus promociones.
La proliferación de agentes incapaces, desinformados y lobistas de intereses sectoriales, han producido lo que tenemos hoy.
Hay muchos modelos de gestión administrativa aplicables a la idiosincrasia argentina, siempre y cuando se sancionen las desviaciones. Hay antecedentes locales que se implementaron en la administración pública nacional.[2]
La participación de agentes de niveles medios en cursos y seminarios e investigaciones deben ser obligaciones simultáneas y paralelas a sus funciones.
La excelencia, la honestidad y la vocación de servicios no son ideales, son condiciones sin las cuales no se debería acceder a ningún cargo público.

2. Estructurar los canales de participación
Para dar cumplimiento al mandato constitucional establecido en el artículo 1º, la vigencia de una democracia participativa, se debe iniciar un proceso que promueva la articulación de acciones que vayan demostrando su eficiencia para operar en las distintas escalas y temáticas de los conflictos.
La publicidad y la amplia difusión que se debe dar al inicio y durante el desarrollo de las operaciones es el más importante reaseguro para incentivar la responsabilidad y el control desde el compromiso vecinal.
La recientemente sancionada ley de comunas abre un espacio imprescindible.
“En lo social, la forma de reducir la incertidumbre y de ser más operativo pasa por la implicación de las partes en cada proceso”[3] Se trata de acortar distancias entre ciudadanos y funcionarios y de sustituir las actitudes prepotentes y soberbias de la administración por intercambios desde mutuos respetos de sus respectivos protagonismos.
En los procesos participativos, se usan términos como síntomas iniciales, autodiagnóstico, conjuntos de acción, análisis de redes, análisis estratégicos, mapeos, socio gramas, causalidad, nudos críticos, que entre otros, articulan el lenguaje en las distintas etapas de la planificación participativa.
Se trata de contar con todos los elementos posibles, reconociendo la complejidad, con criterios operativos flexibles para poder tomar decisiones. “No interesa tanto a dónde vamos a llegar con precisión, sino cómo estamos construyendo el camino en cada caso, de acuerdo con un campo y unos objetivos previos bastante amplios”.[4]
Lo que importa es que se ponga en marcha una espiral de acción – reflexión – acción.

3.Apertura de la información
Todo sistema de gobierno que incluya el control social de la ciudadanía, debe articular los accesos a la información. Se transcribe aquí el procedimiento.[5]
Se inicia la solicitud de la información deseada en el organismo público correspondiente, a través de una nota oficial presentada por escrito, con copia donde debe consignarse la siguiente información:
· Nombre y cargo del funcionario al que se le solicita la información y organismo al cual pertenece.
· Nombre, documento de identidad y domicilio del solicitante.
· Tipo de información que requiere.
· Referencia al marco normativo internacional, nacional y local donde se funda el derecho a buscar y recibir información pública.
· Pedido de respuesta indicando plazos correspondientes que estipule la normativa.
Para hacer un pedido a escala nacional, se presenta una nota donde se solicita la información necesaria fundamentada a través de la siguiente normativa:
· Art. 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
· Art.19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
· Art.19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
· Art. 14 de la Constitución Nacional
· Art. 33 de la Constitución Nacional.
· Art. 38 de la Constitución Nacional.
· Art. 42 de la Constitución Nacional
· Art. 43 de la Constitución Nacional
· Art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional
Para hacer un pedido de información en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se escribe una nota formal fundada en el derecho constitucional a buscar información, advertido, entre otros, por los siguientes artículos:
· Art. 13.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
· Art. 14 de la Constitución Nacional
· Art. 12, inc.2, de la Constitución Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires.
· Art. 1º y 2º de la ley de Acceso a la Información Pública, Nº 140 de la Ciudad.


4. Conceptos e indicadores que deben incluirse en las normas ambientales
Según el Diccionario de Uso del Español de María Moliner, el término ambiente: se aplica a cualquier fluido que rodea a un cuerpo. Todo aquello que no es cuerpo, abarca el universo de lo intersticial, es lugar. Ambiente es el medio en el que transcurre la vida.
La Planificación Urbana y Regional, tiene como objetivo: la organización de los lugares para las actividades, tendiendo a equilibrar las pujas por el uso del suelo, al que se considera contaminado por hacinamiento, usos conflictivos, disfuncionales, etc. Así, las normas del ordenamiento territorial y ambiental, cualquiera sea su forma legal y el nivel institucional en que se resuelvan, deben contemplar la fijación de los parámetros que tipifiquen y cualifiquen los espacios. Se deben prever plazos y mecanismos, en el tiempo, para ajustar los indicadores en coherencia con la totalidad normativa.
La organización del Sistema de Planeamiento se apoya en Planes de Manejo, cuyos niveles de desagregación y vinculaciones dependen del tema a gestionar. Como ejemplo tomamos un tema de actualidad: el Plan de Manejo de los Residuos Sólidos Urbanos. Por las condiciones en que está la ciudad metropolitana, debe gestionarse desde varias jurisdicciones: Provincia de Bs.As., CABA, y tantos municipios del conurbano como sean necesarios para la financiación del Plan.
El proceso supone la determinación de los datos de cantidad, calidad y ubicación de los residuos, la definición de las superficies de recolección, ubicación de los centros de clasificación[6] nucleados por zonas; se decidirán las plantas de reciclaje por insumos a industrializar, se articularán las vinculaciones y los transportes entre las partes y se dispondrá, si es que existe, la disposición final del rezago, tendiendo a minimizarlo.
Estas operaciones significan acuerdos entre sectores, contratos con empresas, adquisición de patentes, instalación de maquinarias, modificación de calles, previsión de estacionamientos, mitigación de daños, reparaciones, importación y exportación de insumos[7], etc. En cada operación, en cada etapa, se utilizarán los distintos indicadores de tolerancia para enmarcarla.
Cabe destacar que es fundamental educar a la población en su totalidad, creando una cultura de cuidado ambiental, desde los vecinos hasta las empresas de publicidad, envasadores, etc., para racionalizar y minimizar el volumen y fijar el grado óptimo de desagregación de los componentes de los residuos sólidos en una pre selección domiciliaria.
El sólo hecho de clasificar y recolectar ciertos residuos, les agrega valor y los convierte en materia prima industrial.[8]
Decisiones sobre el tratamiento de cursos de agua que crucen áreas urbanas, entubarlos o parquizarlos, localización de parques industriales, fijación de fronteras a las expansiones espontáneas de los asentamientos, propuestas de mezclas de usos urbanos y rurales revitalizantes entre sí; todos estos temas requieren ser enmarcados por normas y por sus correspondientes indicadores específicos en los distintos niveles que correspondan, según las capacidades y potencialidades detectadas. Muchos de estos indicadores son compuestos por el entrecruzamiento de variables múltiples.
Deben definirse distancias horarias por día de jornada laboral insumidas en el viaje, trayectos a recorrer para acceder a los equipamientos escolares, sanitarios y comerciales de distinto orden; se deben definir los m2 asignables por porcentajes de población a cada requerimiento; capacidad y cantidad de aulas, de salas de internación o de butacas para espectáculos, niveles de servicios que deben acompañar a todas las prestaciones, incluyendo programas de espacios verdes definidos en términos de m2 por habitante y sus radios de influencia sobre la población a cubrir.
La ubicación descentralizada de bancos de tierras urbanas, por compra o expropiación es una actividad central de los gobiernos locales para poder mejorar su oferta de servicios y para neutralizar la especulación del suelo urbano, factor importante de la gobernabilidad.
Es esencial para la articulación del sistema contar con personal idóneo, con financiación adecuada, con plazos para cada etapa, con controles insobornables pluridireccionales, multisectorial y con la aplicación de las sanciones establecidas para las desviaciones del sistema.
La inexistencia de una red de Observatorios Urbano Ambientales es una muestra evidente de la inconsistencia de los sucesivos gobiernos de la CABA.
Cabe señalar que, el efecto de demostración que estas normas tienen en el resto de las jurisdicciones, debe ser contemplado al redactar todos los documentos del Plan Urbano Ambiental Participativo.

5. Una opinión final
La aplicación del contraplaneamiento, consustancial al poder corporativo neoliberal, en conjunción con otros factores analizados en este informe, nos han deparado esta situación de crisis crónica, colapsos cotidianos y catástrofe inminente.
El sistema republicano federal, que pudo ser operativo en el mundo americano de los siglos pasados, en grandes países sin comunicaciones, hoy está siendo un obstáculo para la solución de los conflictos, perdurando esquemas medievales y rivalidades tribales enquistados en nuestras provincias., alentados por una descentralización durante los 90 que fue más un retiro de las obligaciones consustanciales del Estado Central que un avance en la asunción de responsabilidades del federalismo.
El reconocimiento de la continuidad medio ambiental del planeta global, tanto para las intervenciones del poder económico como para los vínculos naturales, requiere de una reflexión severa sobre la necesidad de ajustar las instituciones.
Los sistemas unitarios descentralizados, con gran resolución local, son hoy más eficientes ya que permiten interacciones económicas y operativas más viables.
Los sistemas estructurantes deben emanar de lo central y definir particularidades adaptadas a los localismos de las distintas jurisdicciones.
Normas generales, que a la par de la fundante ley nacional de educación de Sarmiento[9], den cohesión a las acciones sobre el territorio. Así, transportes, seguridad, educación, salud, donde la protección y el mejoramiento de las condiciones de vida, y del medio ambiente sean el paradigma que las unifica y trasciende.
El funcionamiento de un país organizado en todos sus detalles, implica el pleno empleo de todos sus habitantes y es el motor alimentador de la comunidad en desarrollo.
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[1] El reiterado incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos.
[2] INAP, etc.
[3] Tomás Villasante y otros; Investigación social participativa, construyendo ciudadanía 1; Edit. El Viejo Topo; España, 2001
[4] Tomás Villasante y otros; Prácticas locales de creatividad social, construyendo ciudadanía 2; Edit. El Viejo Topo; España, 2001
[5] incluimos aquí las transcripciones de “Herramientas para la Participación Ciudadana”; Fundación Poder Ciudadano 2005; a los efectos de facilitar la difusión.

[6] No usar eufemismos para denominar las partes del plan porque producen desconfianza.
[7] Nos referimos, además de a maquinarias, a la importación del cupo de residuos necesarios para hacer rentable una industrialización determinada.
[8] Vidrios, plásticos, trapos, papeles, cartones, etc.
[9] Ley Nº 1420